Imagine que en un salón de clases cinco alumnos tuvieron un pésimo desempeño académico y, además, se dedicaron a molestar al resto de sus compañeros. Ante ello, el profesor decide que todos repitan el año, sin considerar a quienes hicieron bien las cosas. Algo así fue lo que pasó con la Ley de Promoción del Sector Agrario (LPA).
Las malas prácticas de los “services”, que daban pésimas condiciones laborales y operaban en la informalidad, acumularon una gran insatisfacción de los trabajadores agrarios, la cual estalló con el paro de Ica y terminó con la derogación de la LPA.
El Congreso, que eliminó la LPA como represalia a las acciones de algunos malos empresarios, no consideró que la norma permitió incrementar los trabajadores formales de 80 mil a 210 mil entre 2007 y 2019, quienes ganaban más del doble que los trabajadores que no pertenecían a la LPA (S/1,669 vs. S/692).
Lamentablemente, es usual que, ante alguna mala práctica de un grupo reducido de empresas, las autoridades asuman que el resto se comporta igual. Esta presunción absolutista de culpabilidad es inherente a todo el aparato estatal.
Por ejemplo, la Sunat presume que todos los contribuyentes se comportarán como evasores, ante lo cual responde con sendas fiscalizaciones y litigios, la mayoría de ellos poco razonables, sin esforzarse en separar los buenos de los malos pagadores de impuestos.
Hoy, nuestro Estado falla una vez más al amputar un brazo útil y productivo por una infección. Para combatir el mercantilismo hay que diferenciar quién quiere hacer las cosas bien y quién no. La solución no pasa por ponernos a todos en un mismo saco.