En el marco del programa Nuevo Pacto Social, Contribuyentes por Respeto (CpR), ha evaluado el desempeño de la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) cuyas instalaciones son utilizadas por más de 23 millones de personas al año. Para lo cual se solicitó información a autoridades del sector aeronáutico, a gremios, especialistas y al propio concesionario del AIJCH: Lima Airport Partners (LAP). Se encontró que a la fecha existe un exceso de 13.7 millones de pasajeros anuales que transitan por el AIJCH, el cual se encuentra en una situación crítica de saturación.
Existe en el imaginario popular la creencia de que las grandes empresas no no cumplirían con su obligación de aportar al financiamiento del estado. Esta idea sirve luego para deslegitimar el rol de las empresas y la sociedad y la labor de la autoridad fiscal (SUNAT) que no estaría cumpliendo su labor de recaudar los impuestos debidos. Sin embargo, ¿Es así? Se analizó la información tributaria nacional y encontró que el top 10 de empresas por cada actividad económica aportaron S/ 22,376 millones entre los años 2015 al 2019. Es decir, las 80 empresas más grandes aportaron aproximadamente un tercio del total de renta de tercera categoría en dicho periodo.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares del 2017 (ENAHO) uno de los problemas más importantes que enfrenta el Perú es la falta de seguridad ciudadana especialmente en Lima Metropolitana donde se han incrementado el número de delitos por cada cien mil habitantes en 125% entre 2008 y el 2018 pasando de 694 a 1559 delitos por cada cien mil habitantes. ¿Cómo se gastan los tributos de los contribuyentes para luchar contra la inseguridad? ¿Cómo evalúan los contribuyentes la calidad de los servicios de seguridad?¿Se sienten seguros? ¿Qué podrían hacer las autoridades para mejorar la sensación de seguridad?
Desde 2005, la Municipalidad de Surco ha venido vulnerando los derechos de los contribuyentes surcanos, al aplicar criterios prohibidos por el Tribunal Constitucional (TC) en la determinación del costo de los arbitrios. Más alarmante aún, los vecinos que se atrevieron a reclamar han sido perjudicados con demoras injustificables –de 4 años o más– y con el costo extra de verse obligados a acudir al Poder Judicial, solo porque la municipalidad, pese a saber que era previsible que no ganaría, siempre apeló sus reclamos.
En el marco del debate entre el gobierno y el sector privado a propósito de la constitucionalidad de diversos decretos legislativos tributarios, Contribuyentes por Respeto ha realizado una investigación para determinar si el marco institucional dentro del cual se vienen desarrollando estas controversias, a nivel de reglas y personas, anticipa decisiones técnicas y predecibles.
En el fuero del tribunal internacional del CIADI, el Perú hasta ahora ha perdido tan solo en tres oportunidades. Destacan dos casos tributarios. En este informe, hemos revisado 12 casos resueltos en los últimos 20 años, que permiten graficar los criterios más usados por el CIADI para atribuir responsabilidad a los Estados, y las indemnizaciones ordenadas a las empresas demandantes: Cambio de reglas de juego, medidas arbitrarias, medidas discriminatorias y expropiaciones indirectas.
