Más de un legislador anhela el cambio de reglas de juego en el manejo económico, y no necesariamente porque sean de izquierda radical, sino porque tienen intereses mercantilistas, lo que explica la actual cruzada populista del Congreso. Lamentablemente, están logrando su objetivo y sin cambiar un solo artículo de la Constitución.
Los mecanismos de defensa del sistema económico se cimientan en las instituciones democráticas. Por ejemplo, la capacidad del Tribunal Constitucional para detener iniciativas legislativas inconstitucionales, como el intento de suspender el pago de peajes y como debería ocurrir con la ley para devolver los aportes de la ONP, garantiza entre otras cosas el buen funcionamiento económico.
Lamentablemente, los reguladores y los supervisores, a pesar de ser entes técnicos encargados de velar por el buen funcionamiento de mercados altamente regulados, no cuentan con la capacidad de detener iniciativas que generarían distorsiones y afectarían a los usuarios. Por ejemplo, la incapacidad de la SBS para detener el intento de suspender el pago de deudas.
En este contexto, nuestros congresistas decidieron avasallar dichas instituciones, autorizando a la Comisión de Defensa del Consumidor investigar sus acciones durante los últimos años, abriendo un peligroso precedente para su relativa autonomía. Considerando el calibre de nuestros congresistas, es ingenuo asumir neutralidad en la fiscalización.
Atentar contra la independencia de los reguladores frente al poder político no solo alteraría el equilibrio en la relación de empresas y usuarios, sino que socavaría nuestras precarias instituciones económicas.