Ayer, Fitch Ratings revisó el panorama para la economía peruana desde “estable” a “negativa”, otorgando una calificación de 5 (la más baja) en el ESG Relevance Score, lo que significa que estamos a un pelo de perder la categoría de inversión “BBB+”. Las razones que motivaron la revisión evidencian la peligrosa tendencia que estamos transitando desde hace algunos años.
El aspecto más resaltante es el deterioro en la previsibilidad de las políticas, por la fuerte inclinación hacia el populismo del Congreso, confirmada en la aprobación de iniciativas populistas, como la devolución de aportes de la ONP que generará un hueco de S/15,955 millones en el fisco. Estas medidas dificultan nuestra capacidad para reducir los déficits fiscales a niveles consistentes con la estabilización de la deuda.
Sin embargo, el problema de fondo es que desde 2016 estamos presenciando un constante debilitamiento institucional, que inevitablemente impactará en la capacidad del próximo gobierno para implementar las reformas necesarias para aumentar la productividad del país. Además, si consideramos que la flexibilidad laboral, el aumento de la formalidad son reformas con resistencia política, la perspectiva para que nuestra economía repunte no es buena. La eventual pérdida de categoría no será un simple cambio de letras, sino que implicará que los inversionistas pensarán dos veces antes de meter un dólar en nuestro país. La inversión extranjera directa este año cerrará con suerte en US$2,000 millones, y para que retorne al promedio anual de la década de US$ 7,400 millones hará falta mucho más que buenas intenciones de nuestros políticos.