El 28 de setiembre, en la Comisión de Presupuesto, la implacable Sunat presentó sus resultados sobre ingresos tributarios para el presupuesto 2021, haciendo énfasis con orgullo sobre el incremento del stock de deuda en 76%, de S/1,982 a S/3,548 millones, entre 2018 y 2019.
También trató de mostrar su lado más amable señalando algunas medidas de “alivio fiscal”; como la liberación de fondos, fraccionamientos, devoluciones y suspensión de pagos a cuenta por S/12,786 millones; lo que si bien supone un bálsamo tributario, no mitiga la peor costumbre de la Sunat: litigar hasta las últimas consecuencias.
¿El problema? Ante errores que cometen los funcionarios que imputan deudas tributarias, los contribuyentes –personas naturales y empresas pequeñas, medianas y grandes– tenemos el derecho de cuestionar dichas decisiones ante la administración pública, conformada por la Sunat y el Tribunal Fiscal (TF), y, si es necesario, acudir al Poder Judicial (PJ).
El problema, como lo resaltó Contribuyentes por Respeto en 2019, es que los procuradores de la Sunat recurren al PJ para ANULAR los fallos del TF a favor de los contribuyentes, proceso que dura años. Además, cuando el PJ revierte el fallo, se tiene que pagar el monto en disputa más los intereses de TODO EL PLAZO TRANSCURRIDO durante el juicio, lo que implica penalizar el derecho de defensa e incrementa la inestabilidad jurídica del país.
Si de verdad se quisiera aliviar a los contribuyentes, la Sunat debería (i) no judicializar los fallos del TF y (ii) revisar los expedientes pendientes de sesión (ser atendidos) –a inicios de año eran 13,169 (MEF)– y desistir en aquellos en que no lleva razón.