La estabilidad macroeconómica del Perú se explica en buena medida por la predictibilidad de la política monetaria del BCRP, que permitió consolidar la confianza sobre nuestra moneda. Así, nuestra autoridad monetaria se convirtió en un pilar de certidumbre para los mercados.
De forma similar, el encargado de garantizar la predictibilidad del marco jurídico del país es el Tribunal Constitucional (TC). Así, el TC es el último bastión para impedir iniciativas populistas de gasto del Congreso o cambios arbitrarios en las reglas tributarias.
Actualmente, el TC tiene fallos importantes por resolver, como la devolución de aportes de la ONP, que podría generar un forado fiscal escandaloso, o diversas controversias tributarias. La buena noticia es que el TC acaba de ratificar criterios de fallos previos en un caso sobre intereses moratorios cobrados indebidamente fuera del plazo de ley, lo cual genera confianza sobre las reglas tributarias.
Se trata de una demanda de Agroindustrial Paramonga, siguiendo los criterios de los fallos de los casos Medina de Baca (una contribuyente de a pie, en 2016) y Agroindustrial Icatom (2018).
En el caso de Paramonga, la Sunat por sus propias demoras incrementó indebidamente la deuda en disputa de S/47 millones a S/161 millones a punta de intereses moratorios, ante lo cual el TC dispuso aplicar los criterios de los casos anteriores para corregir esta arbitrariedad.
¿Por qué es una buena noticia si aparentemente Sunat no cobrará más? Porque nos convierte en un país digno de confianza para recibir inversión privada, la cual genera más recaudación que los intereses moratorios cobrados indebidamente.