El 31 de diciembre de 2020, en vísperas de Año Nuevo, el gobierno de transición eliminó el secreto bancario mediante el anexo del Decreto Legislativo 1434, para facultar a la Sunat la verificación del patrimonio bancario de los contribuyentes que tengan más de S/10,000 en todas sus cuentas. Si bien es deseable luchar contra la defraudación tributaria, el Ejecutivo, en su afán de acceder a la OCDE, está cometiendo dos errores no menores.
Por un lado, la norma tiene visos de inconstitucionalidad, porque viola la sentencia del TC 00009-2014, que establece que el derecho fundamental de la intimidad financiera se basa en (i) el secreto bancario y (ii) la reserva tributaria. Además, nada nos garantiza a los ciudadanos el correcto uso de dicha información por parte del Estado y los funcionarios que lo componen.
Por otro lado, la normativa es una cachetada a la formalidad, porque encarecerá el costo de abandonar la informalidad. Según la Asociación Escucha al Perú, el 57% de los limeños considera que la principal causa de ser informal es el costo y la falta de incentivos para no serlo. Si antes de este decreto siete de diez peruanos se desarrollaban al margen de la ley y seis de diez ciudadanos en edad de trabajar no están bancarizados, con los nuevos superpoderes de la Sunat esto solo empeorará.
Sabiendo que la Sunat ha demostrado reiteradamente en varios procesos de fiscalización, administrativos y judiciales una actitud profisco que bordea lo irracional, atropellando los derechos de los contribuyentes, sus nuevas facultades obligarán a los ciudadanos a llevar una contabilidad minuciosa para así evitar abusos futuros.