Este año la economía caerá en 14% (FMI) y se perderán 1.5 millones de empleos (OIT), lo que se debe al desplome de la inversión privada, la cual retrocederá en 30% (BCRP). Para revertir esto, el Perú necesita –hoy más que nunca– un gran shock de inversión privada, pero uno de los factores que lo desalientan son los constantes abusos de la Sunat.
Nuestra autoridad tributaria tiene la nociva fijación por tratar de desconocer la mayor cantidad de gastos deducibles para cobrar más impuestos o “crear” criterios que acaban convirtiéndose en deuda tributaria.
El problema es que quien tenga el atrevimiento de reclamar las decisiones que considere injustas se involucrará en litigios tributarios larguísimos (Tribunal Fiscal, juzgados, la Suprema, casaciones, el TC y el CIADI); que duran entre 10 y 20 años y se aplican intereses de manera implacable, que terminan representando el 80% de la deuda final.
Para palear esto, el Frepap presentó un proyecto que exoneraría intereses y multas si los contribuyentes desisten de sus reclamos y cancelan las deudas en disputa.
Si bien es una iniciativa positiva, aún requiere mejoras, ya que un contribuyente que reclama algo que considera justo difícilmente cederá.
Por ejemplo, sincerar las deudas tributarias, al reconocer como precedentes los juicios que Sunat perdió en el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial, serviría y podría hasta generar una importante fuente de recaudación en el corto plazo.
En simple, si el gobierno no opta por políticas recaudatorias sanas para reducir la inseguridad jurídica, la inversión privada evitará nuestro país y la recuperación económica será cuesta arriba.