Después de meses de confinamiento, es natural que las personas esperen con ansias el calor para ir a la playa y relajarse de tan desastroso año. Sin embargo, las autoridades ediles están preocupadas de que esto genere una segunda ola de contagios, como pasó en Europa durante las vacaciones de verano.
Así, se está generando un choque de derechos que el Ejecutivo tendrá que resolver: la libertad de tránsito, que impide restringir la libre circulación de personas en espacios públicos, versus el derecho a la salud, mediante el cual el Gobierno tiene que actuar para frenar un segundo brote de COVID-19 que afecte a los ciudadanos.
Sin embargo, existen algunas sugerencias a considerar. Por ejemplo, en Estados Unidos recomiendan quedarse en casa si uno está enfermo; mantener dos metros de distancia fuera y dentro del agua; usar mascarillas en todo momento y lavarse las manos con frecuencia. Recomendaciones razonables, pero difíciles de fiscalizar. Un ejemplo real permitirá entender la ardua tarea que enfrentarán las municipalidades.
El distrito de La Punta, en el Callao, tiene 0.75 km2 de superficie y una población de 4,500 personas. Sin embargo, en verano suele recibir alrededor 50,000 visitantes los sábados y domingo, en una playa (Cantolao) con una superficie de 22,000 m2 (Google Earth), lo que implica una densidad de un veraneante por cada 0.9 m2. Este factor de riesgo no se puede ignorar y ejemplos así abundan en el litoral.
El Ejecutivo tendrá que elegir entre seguir restringiendo libertades, continuando el estado de emergencia, o apostar por la inmunidad de rebaño, si es que existe. En cualquier caso, le lloverán palos.