En su discurso, Martos mostró un perfil pragmático y dio a entender que su foco será la reactivación económica y la contención de la pandemia. Sin embargo, a pesar de los llamados a la unidad política, es muy improbable que los congresistas desistan de su actitud beligerante frente al Ejecutivo, lo cual se debe a dos motivos.
Por un lado, existen legisladores que no tienen reparo en empujar al país al desfiladero con tal de asegurar sus intereses económicos. Por ejemplo, José Luna, sus allegados y algunos miembros de APP tienen el objetivo de desmontar la reforma universitaria. También existen intereses en mantener negocios informales, como el transporte, minería, tala ilegal, entre otros.
Por otro lado, existen congresistas que buscan impulsar medidas “populares” que, a pesar de tener un efecto devastador en la economía, los posicionaría de cara a las elecciones regionales de 2022. Por ejemplo, la devolución del 100% de fondos previsionales o la suspensión de pago de deudas bancarias son algunas medidas nefastas que pueden convertirse en ley pronto.
En este contexto, Martín Vizcarra todavía tiene un arma de negociación: la Ley de Presupuesto. Considerando que los gobiernos regionales demostraron ser pésimos ejecutores y los congresistas necesitan mostrar resultados rápido, el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de lograr alianzas a través de la priorización de obras regionales directamente ejecutadas por este.
Lamentablemente, pese a estar en una crisis sin precedentes y existir consenso sobre lo que se tiene que hacer para sacar al país del atolladero, estamos condenados a esperar a que nuestros políticos se pongan de acuerdo.